Circuito Represivo

Durante la dictadura cívica-militar desplegada en la Argentina entre los años 1976 y 1983, se implementó un plan sistemático de desaparición de personas, extendido en todo el territorio nacional, enmarcado en un contexto regional latinoamericano signado por dictaduras militares y gobiernos autoritarios. Fue planificado y organizado por las tres fuerzas armadas (Ejército, Marina y Aérea), junto con el consenso y la participación desigual de diversos sectores civiles, tales como el empresarial, judicial, eclesiástico y político. El gobierno militar instaurado a partir del golpe de Estado fue denominado “Proceso de Reorganización Nacional” y, a partir del desarrollo de un novedoso despliegue represivo, buscó generar un profundo disciplinamiento social para la implementación de un modelo económico neoliberal. El cual implicó la modificación de la estructura económica basada en la industrialización y con ello, las formas de trabajar, de producir, las leyes regulatorias, así como el rol históricamente desempeñado por el Estado en el desarrollo económico y la distribución de los recursos. 

Este plan se apoyó en una estructura represiva que comenzó a construirse a inicios del siglo XX, profundizándose en los sucesivos golpes de estado desde 1930, de forma paralela a una mayor participación de las Fuerzas Armadas (FFAA) como actor político. Fue a partir del golpe de Estado perpetrado contra el gobierno democrático de Juan D. Perón en el año 1955, que las FFAA comenzaron a tener una gradual participación en la represión hacia las organizaciones políticas y sindicales. El argumento fue la defensa del orden político, moral y religioso de la nación y progresivamente tomó la forma de “lucha antisubversiva” . De este modo, la política y lo político empezaron a ser un “problema militar” y, por lo tanto, inscriptos bajo los sentidos de “la guerra”.

Esta estructura se fue plasmando y legitimando a través de decretos, normativas y leyes, que habilitaron dicha acción por parte de las FFAA y ampliaron las infraestructuras y funciones destinadas a la coerción del conflicto social. Por lo tanto, la construcción de esta “legalidad autoritaria” fue sustentada con la participación de las distintas FFAA en tareas de seguridad interna y en la incorporación, al repertorio de prácticas represivas, de los secuestros, las torturas, las desapariciones y asesinatos. Este proceso se fue gestando tanto en el marco de dictaduras militares como de gobiernos “semi-democráticos” y democráticos. 

En octubre de 1975 la totalidad del territorio nacional fue dividido en zonas y subzonas militares, donde cada “zona” estuvo al mando de un Cuerpo del Ejército, replicando la organización prevista por el Plan de Conmoción Interna del Estado (CONINTES) en 1958. La división implicó la concepción de las diferentes geografías  como “zona de guerra”

Esta estructura, a la vez, incluyó la supuesta subordinación de las distintas fuerzas (Armada, Fuerza Aérea, policías provinciales y Federal, Prefectura y Gendarmería) al comando de cada subzona correspondiente al Ejército. A principios de ese año, se llevó a cabo en la provincia de Tucumán, el llamado “Operativo Independencia”, a través del cual las FFAA ensayaron y pusieron en práctica las acciones de control social, tortura y exterminio que se extenderían a partir del 24 de marzo de 1976 al resto del país . 

Así fue como este golpe de Estado implicó la instalación de un plan sistemático a nivel nacional que ya venía desarrollándose con anterioridad a niveles regionales o en situaciones excepcionales. Este plan represivo se caracterizó por su salto cualitativo y cuantitativo: por primera vez, articuló todos los sectores del Estado en el desarrollo de dos circuitos, uno legal y público y otro ilegal y secreto. La metodología represiva, centrada principalmente en la desaparición de personas, recurrió a prácticas tales como la creación de zonas liberadas, los secuestros y detenciones ilegales, el traslado de lxs prisionerxs a CCDs, la tortura indefinida en el tiempo, la apropiación de menores, el saqueo de los bienes de lxs detenidxs, el asesinato y la desaparición de los cuerpos.

Finalmente, este esquema territorial de zonas y subzonas, implicó, por un lado, una centralización del comando, propia de la estructura vertical y piramidal, que produjo prácticas comunes y recurrentes en el sistema de secuestros, torturas y desaparición de personas en todo el territorio nacional. Por otro lado, una descentralización de la acción operativa, sostenida con importantes niveles de autonomía en el desarrollo represivo en cada territorio. De este modo, a niveles locales, se desarrollaron particularidades a partir de las características de cada Fuerza que comandó la acción represiva y, también, producto de las maneras en que las diferentes FFAA y de Seguridad se articularon, complementaron y compitieron entre sí.

Link Vida Cotidiana

Link Antecedentes

Link Lucha antisubversiva

La ciudad de Mar del Plata formó parte de la Zona 1 – Subzona 15 – Área 151. Dicha Subzona abarcó los partidos de General Lavalle, General Juan Madariaga, Mar Chiquita, Balcarce, General Alvarado, General Pueyrredón, Lobería, Necochea y San Cayetano. El Comando quedó a cargo del Jefe de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601 (AADA 601), perteneciente al Ejército y ubicada en Parque Camet (Mar del Plata). Por su parte, la Armada Argentina (ARA), en esta ciudad,  fue la fuerza que desarrolló la mayor cantidad de secuestros, siendo la Base Naval el principal CCD.

En este contexto, el desarrollo de los secuestros de militantes políticxs en la ciudad de Mar del Plata y alrededores, al igual que en la mayor parte del país, tuvo de base en la extensa trayectoria de distintas “agencias de inteligencia” que desarrollaron el control y la vigilancia de las organizaciones políticas y de sus militantes a nivel capilar de los distintos territorios. Así, la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (DIPBA) , la inteligencia de la Prefectura Naval y, también, militantes civiles de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) aportaron gran parte de la información destinada a facilitar la
identificación, persecución y los secuestros de militantes.
Mar del Plata fue una de las pocas ciudades del país caracterizada por la presencia y el accionar represivo de las tres FFAA. En este sentido, cabe resaltar la relevancia en la vida social en la ciudad de dichas fuerzas a lo largo de los años, evidenciada en los estrechos vínculos establecidos con la población. Esta larga presencia en la vida social, estuvo acompañada por la existencia de una base Aérea, una base del Ejército y dos bases de la Armada, sumadas a las diferentes seccionales de la Prefectura Naval y las policías Bonaerense y Federal. Esto posibilitó, por un lado, un gran despliegue territorial que, por ejemplo, implicó la existencia de un CCD en cada ingreso a la ciudad de Mar del Plata. Y por otro lado, una gran inserción y conocimiento de las organizaciones políticas y sus militantes que facilitó su rápida persecución.  

En el marco urbano, se identificaron al menos quince lugares donde permanecieron secuestradas personas en calidad de detenidxs-desaparecidxs. Algunos fueron Centros Clandestinos de Detención (CCD) que funcionaron varios años y albergaron cientxs de detenidxs y otros fueron lugares de paso, en los cuales lxs secuestradxs estuvieron poco tiempo hasta ser trasladadxs a un CCD, en otros casos liberadxs o “blanqueadxs” siendo llevadxs a una cárcel común. 

La idea de “circuito represivo” también se observa en la circulación de las personas secuestradas, con la existencia de diversos patrones. Por un lado,  algunas fueron trasladadas entre CCD´s de la Armada y del Ejército. En otros casos, se dio dentro de la misma Fuerza, por ejemplo en la Armada, si bien la Base Naval fue el principal CCD, lxs detenidxs circularon entre diversos edificios de esta base, la Prefectura Naval y la ESIM. A su vez, dentro del circuito del Ejército, generalmente fueron detenidxs en la Comisaría 4ta y de allí trasladadxs a La Cueva o viceversa. Finalmente, existieron casos que fueron llevadxs hacia CCDs ubicados en otras ciudades, por ejemplo de la ESIM dirigidos a un barco fuera de servicio en Puerto Belgrano (Bahía Blanca); embarazadas que fueron secuestradas, detenidas primeramente en la Base Naval y de allí trasladadas a la maternidad clandestina que funcionó en la ESMA (Ciudad
de Buenos Aires); y secuestradxs trasladadxs desde La Cueva  a la Brigada de Investigaciones de La Plata, entre otros ejemplos.

 

 

El impacto del accionar represivo en la ciudad de Mar del Plata fue de gran importancia debido a la cantidad de personas secuestradas en relación al total de la población. Los testimonios ofrecidos por lxs sobrevivientes de estos CCD´s desde el momento de su liberación hasta la actualidad, en todo tipo de instancias (CONADEP, procesos judiciales- de carácter nacional e internacional- y entrevistas) resultaron fundamentales para el conocimiento acerca de lo sucedido. Aunque por las características del accionar represivo, fundamentalmente clandestino y secreto, la información disponible resulta incompleta, siendo responsabilidad primera de las Fuerzas Armadas revelar datos sobre la totalidad y el destino de las víctimas. Hasta el momento hay registradas (con nombre y apellido) 577 personas secuestradas durante la última dictadura cívica-militar en la ciudad de Mar del Plata y alrededores. De ellas, 301 fueron liberadas (49 aún no saben en qué CCDs estuvieron detenidas) y 276 continúan desaparecidas (de 119 al día de hoy no se sabe en qué CCDs estuvieron secuestradas) . Hasta el momento, y por la búsqueda inclaudicable de las Abuelas de Plaza de Mayo, se logró recuperar la identidad de cinco nietxs apropiadxs. Sin embargo, a partir de testimonios de lxs sobrevivientes, se estima la existencia de al menos 800 víctimas, entre las que se cuentan
once nietxs apropiadxs que aún no pudieron ser identificadxs. La mayoría de lxs liberadxs vio o escuchó a personas secuestradas que nunca pudieron reconocer; a la vez, muchas familias y sobrevivientes, por diferentes razones, no realizaron las denuncias.  Es por esto que se tiene la certeza que restan muchas personas por ser identificadas que estuvieron detenidas-desaparecidas. Es una responsabilidad de todos los sectores de la sociedad aportar información que permita profundizar y continuar con la lucha por Memoria, Verdad y Justicia.